Artículo publicado en El Salto, el 6 de marzo de 2020

El elevado nivel de endeudamiento y los crecientes pagos de deuda en muchos países del Sur está esquilmando los recursos disponibles para la inversión en servicios públicos, y acelerando la tendencia hacia la externalización y privatización de dichos servicios, lo que supone una amenaza para los derechos de las mujeres.

Una crisis de deuda en ciernes

La última década ha supuesto un incremento sin precedentes de los niveles de endeudamiento a nivel global, también en los países del Sur. Una nueva “ola de deuda” que, como afirma el Banco Mundial, es “mayor, más rápida y más amplia que las anteriores” y amenaza con convertirse en tsunami arrasando con los derechos humanos en numerosos países. La espiral de crecimiento en la deuda pública, y el hecho que esta deuda es cada vez más cara para los países del Sur, ha hecho incrementar el peso del pago del servicio de la deuda en los presupuestos de muchos países. En efecto, los gobiernos de Sur pagan su deuda a intereses cada vez más elevados, fundamentalmente por las dinámicas especulativas de los mercados financieros, con quienes tienen contraída más de la mitad de la deuda soberana.

Cómo muestra el último informe de Eurodad “Fuera de Servicio”, entre 2010 y 2018, los pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos del Estado pasaron de representar el 6,71% al 12,56%, lo que significa un crecimiento de más del 80%. Al menos 20 gobiernos del Sur global gastaron más del 20% de sus ingresos para atender el servicio de la deuda en al menos uno de los últimos cinco años. Países como Angola, Djibouti, Jamaica, Líbano, Sri Lanka o Ucrania destinaron más del 40% de los ingresos públicos a pagar la deuda pública externa en algún momento entre 2014 y 2018.

La creciente obligación de hacer frente a los compromisos derivados del endeudamiento reduce los recursos disponibles para garantizar servicios públicos de calidad y sensibles al género y se ponen en peligro los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres. De hecho, desde 2014, en África Subsahariana, el gasto público no relacionado con la deuda -excluyendo pagos de intereses- como proporción del PIB ha disminuido un 13% mientras que en América Latina ha caído un 18,42%.

Compromisos incumplidos 25 años después de Beijing

Hace 25 años la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer adoptó la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, una agenda para avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. El primero de los objetivos estratégicos de dicha Plataforma era “revisar, adoptar y mantener políticas económicas y estrategias de desarrollo que se dirijan a las necesidades y esfuerzos de las mujeres en la pobreza”, especificando la necesidad de analizar y modificar programas de estabilidad macroeconómica, ajuste estructural y gestión de problemas de deuda externa para dotarlos de perspectiva de género.

El informe de “examen y evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” que, 25 años más tarde, acaba de hacer público el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas advierte precisamente que, lejos de haber adoptado una aproximación con perspectiva de género a las políticas frente a las crisis de deuda, “la nueva oleada de medidas de austeridad y la creciente privatización de los servicios públicos están profundizando las desigualdades, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres”. Una oleada de austeridad y privatizaciones muy relacionada con los crecientes niveles de endeudamiento, ya que constituyen la principal recomendación del FMI y la receta a aplicar ante problemas de endeudamiento insostenible siguiendo el pensamiento neoliberal dominante.

Tsunami de deuda y austeridad contra los derechos de las mujeres

Los recortes presupuestarios en servicios públicos, que se aplican ante el crecimiento de la deuda y las dificultades del pago, significan una pérdida de calidad y cobertura de dichos servicios. Hasta 21 países del Sur han visto como entre 2015 y 2017, mientras los pagos del servicio de la deuda aumentaban, el gasto público en educación disminuía. Por ejemplo, en Ghana, país en una situación de crisis de deuda, el aumento del 65,15% de los pagos de la deuda entre 2015 y 2017 ha ido en paralelo a una disminución de casi el 20% de la inversión en educación per cápita. Similarmente, en 39 países del Sur mientras ha aumentado el pago de la deuda entre 2014 y 2016, han disminuido los gastos de Salud. Hay que tener en cuenta que al menos la mitad de la población mundial sigue sin acceso a los servicios esenciales de salud y sólo la mitad de las mujeres de los países en desarrollo reciben la cantidad recomendada de atención de salud materna y reproductiva. Como resultado, la tasa de mortalidad materna ─ la proporción de madres que no sobreviven al parto en comparación con las que lo hacen- en los países de ingreso bajo y medio sigue siendo 14 veces mayor que en los países de ingresos altos. Generalmente estos recortes suponen un incremento de la carga de trabajo no remunerado de cuidados sobre las mujeres, al asumir ellas las tareas de cuidado de personas enfermas o dependientes que los servicios públicos dejan de prestar al aplicarse los recortes.

Además, las mujeres se concentran más que los hombres en los grupos de menores ingresos, por lo que se ven más afectadas por los recortes en los programas de protección social. Unos recortes que se dan en una situación en la que, a nivel global, tan sólo el 41 por ciento de las madres de recién nacidos reciben algún tipo de prestación. Las más desprotegidas son las madres que viven en los países del Sur. Se dan también reducción de subsidios alimentarios o energéticos, que implican mayores dificultades para garantizar la alimentación o el mantener el hogar caliente, algo de lo que se hacen cargo mayoritariamente las mujeres. En Ecuador, el pasado 12 de octubre de 2019 miles de mujeres se manifestaron contra el “paquetazo” de austeridad impuesto por el FMI que incluía, entre otras medidas, la eliminación de subsidios a los combustibles, lo que hubiese implicado un incremento de los precios de los alimentos y las fuentes de energía para los hogares.  El gobierno de Ecuador acabó retirando el paquete de medidas de ajuste, ante las movilizaciones populares, aunque sigue negociando con el FMI. Las mujeres se ven también mayormente afectadas por las políticas de austeridad al reducirse o eliminarse servicios de atención específicos como puede ser los vinculados con la maternidad o servicios vitales de atención para las sobrevivientes de la violencia de género.

Finalmente, debido a la crisis de la deuda y la consiguiente reducción del gasto, el empleo en el sector público se ve afectado, espacio en el que las mujeres encuentran empleo formal en mayor proporción que en el sector privado, principalmente como enfermeras, profesoras o trabajadoras sociales, entre otros servicios de atención, en los que se concentran los recortes. Por otro lado, los recortes salariales se producen principalmente en los puestos que están en la base del sector público, lugar en las mujeres están sobrerepresentadas, afectándolas desproporcionadamente con respecto al resto de empleados públicos.

La deuda creciente como excusa para privatizar

La presión hacia modelos de gestión privada de los servicios públicos, a través de la externalización o la promoción de las Colaboraciones Público Privadas (CPP) es otra de las consecuencias derivadas de las restricciones fiscales que se imponen ante el aumento del peso de la deuda en los presupuestos públicos. En este caso, el argumento es atraer recursos financieros e innovación del sector privado para fomentar la inversión en infraestructuras y la gestión de servicios públicos sin aumentar la deuda pública.

Contrariamente a la retórica de una supuesta mayor eficiencia en la gestión por parte del sector privado, en demasiadas ocasiones las CPP han llevado al drenaje de los recursos públicos, haciéndose visibles los pasivos contingentes que suponen las CPP cuando sus costos y deudas reales salen a la luz. Además, dado que las CPP y otros modelos de externalización de servicios en manos privadas dependen de los rendimientos económicos, el beneficio de los inversores se prioriza sobre el bienestar de las personas, lo que socava la calidad y el acceso universal al servicio prestado.

En definitiva, ni son más eficientes a la hora de proveer servicios públicos accesibles y de calidad, y además generan deudas que tarde o temprano, y con poca transparencia, se incorporan al presupuesto. A pesar de reconocer los riesgos que se crean a través de las CPP, y su posible impacto en la sostenibilidad de la deuda, el Banco Mundial sigue promoviendo este modelo para la provisión de servicios y la construcción de infraestructuras, e ignorando sus impactos sociales.

Entre estos impactos sociales cabe destacar que las CPP han tenido repercusiones particularmente negativas para las mujeres. Por un lado, a menudo estas medidas vienen acompañadas por nuevas y mas altas tarifas de usuarios, lo que aumenta la desigualdad al restringir el acceso a los servicios para las mujeres, que tienden a tener ingresos más bajos. Por otro lado, la búsqueda de beneficios lleva en muchos casos a precarizar las condiciones de trabajo para las mujeres en los servicios externalizados o operados por PPP. En última instancia, las PPP al resultar más costosas y conllevar más riesgo que la provisión pública socavan la capacidad del Estado de cumplir con servicios públicos.

BM y FMI deben replantear su receta 25 años después de Beijing

A pesar de reconocer el rol del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, instituciones como el FMI no son capaces de reconocer el incremento de dicha carga que suponen sus recomendaciones e imposiciones en política económica.  Mientras BM y FMI ven a las mujeres básicamente como “activos infrautilizados” por parte de los mercados laborales, que pueden contribuir a impulsar el crecimiento económico, siguen promoviendo un marco de austeridad y privatización que refuerza la doble carga sobre las mujeres, sin afectar a las condiciones estructurales que sostienen las desigualdades de género.

El informe de evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing expresa la necesidad de “evaluar cuidadosamente los efectos de la privatización y las alianzas público-privadas en la situación de las mujeres y las niñas, en particular de las que pertenecen a grupos pobres y marginados, y establecer mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad para todos sin discriminación”.

¿Qué hacer ante una nueva crisis de la deuda?

En el contexto de una nueva ola de deuda mundial, la erosión del gasto en servicios públicos, a través de recortes directos y basados en la austeridad, y el aumento de los pagos de la deuda ya está poniendo en peligro rutas viables para alcanzar la agenda de desarrollo 2030, la Plataforma de Acción de Beijing sobre igualdad de género y los objetivos climáticos de París.

Ante una nueva crisis de deuda debemos pues redoblar nuestros esfuerzos para exigir a las instituciones financieras internacionales, Naciones Unidas y gobiernos, un nuevo marco de resolución de deudas que ponga a las personas y los derechos humanos en el centro. Un nuevo marco que, específicamente, respete los compromisos internacionales en relación a los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Ello pasa por definir un nuevo concepto de sostenibilidad de la deuda considere los derechos humanos, las vulnerabilidades climáticas o la igualdad de género. Pero también por la defensa y promoción de servicios públicos sensibles al género que proporcionen acceso y cobertura universal, se financien públicamente, se provean, gestionen y gobiernen de manera transparente, participativa y con instancias de rendición de cuentas y sean proporcionados por trabajadores y trabajadoras del sector público que disfruten de un trabajo digno. En este sentido, debería cesar la promoción ideológicamente impulsada de las CPP para financiar y prestar servicios públicos. Finalmente, Instituciones Financieras Internacionales y Gobiernos deben poner fin al delirio de la austeridad como receta universal ante las crisis de deuda, y dejar de trasladar la carga del ajuste sobre las personas más vulnerables de la sociedad, particularmente sobre las mujeres.