Fuera de Servicio: Cómo amenaza a los servicios públicos y los derechos humanos la creciente crisis de la deuda

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Los niveles de deuda externa están aumentando una vez más y crece una nueva ola de crisis de la deuda. La tendencia actual de abordar los problemas de sostenibilidad de la deuda a través de políticas de austeridad neoliberal reduce, en lugar de aumentar, los recursos económicos disponibles. Los recortes presupuestarios resultantes y la promoción de estrategias de privatización, junto con las Asociaciones Público Privadas (APP), en última instancia, ponen en peligro la capacidad de los servicios públicos para promover los derechos humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Este informe hace un cuidadoso análisis del impacto de las crisis de deuda en los servicios públicos y de cómo en los países empobrecidos, en particular, hay un impacto negativo sobre los derechos de las personas, especialmente en los derechos de las mujeres. Cuando se consideran las desigualdades de género existentes, junto con las necesidades e intereses prácticos y estratégicos de las mujeres, en el diseño de los servicios públicos, estos pueden ayudar a abordar las barreras a las que se enfrentan las mujeres en una serie de sectores y situaciones. Pero cuando no se dispone de recursos para los servicios públicos, lograr la igualdad de género se vuelve extremadamente difícil.

Desde 2011, la proporción de deuda bruta de los gobiernos en relación con el PIB ha crecido en todas las regiones del Sur global.

Este informe señala que:

• Entre 2010 y 2018, los pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos del Estado crecieron un 83 por ciento en los países de ingreso bajo y medio, desde un promedio de 6,71 por ciento en 2010 a un promedio de 12,56 por ciento en 2018.

• En África Subsahariana, concretamente, la proporción de ingresos públicos destinados a pagos por servicios de deuda externa creció más del doble, de 4,56 por ciento en 2010 a 10,8 por ciento en 2018. Ese aumento amenaza con socavar los avances observados en la región tras el alivio de la deuda en el marco de las iniciativas para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.

• Además, al menos 20 gobiernos del Sur global gastaron más del 20 por ciento de sus ingresos para atender las deudas externas en al menos uno de los últimos cinco años. En algunos casos, como en Angola, Djibouti, Jamaica, Líbano, Sri Lanka o Ucrania, más del 40 por ciento de los ingresos públicos se destinaron al servicio de la deuda pública externa en algún momento entre 2014 y 2018. Es preocupante que, en la mayoría de los casos, esto se deba a un aumento en los pagos de la deuda, en lugar de una disminución de los ingresos, y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) no indican una reversión de esta tendencia en los próximos años.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen el deber de promover el progreso social y mejores estándares de vida, también mediante la asignación de recursos suficientes para la prestación de servicios públicos. Sin embargo, en un contexto global en el que predomina un enfoque neoliberal, se están aplicando medidas de austeridad en nombre de la disciplina fiscal y el gasto público no relacionado con la deuda ha disminuido significativamente en los últimos años. Como resultado, cada vez se asignan menos recursos a los servicios públicos.

Este informe muestra como:

• Entre 2014 y 2018 los recursos gastados en servicios públicos disminuyeron en más de un 18 por ciento en América Latina y el Caribe y en un 15 por ciento en África Subsahariana. De cara al futuro, el FMI predice que esta tendencia continuará en todas las regiones.

• Según estas proyecciones, el gasto público en África Subsahariana alcanzará un mínimo histórico en 2024, con un 20,74 por ciento del PIB. En América Latina y el Caribe está pevisto que el gasto público caiga de 33,76 por ciento en 2014 a 29,85 por ciento del PIB en 2024. En Medio Oriente Medio y Asia Central del 32,96 por ciento en 2014 a 29,82 por ciento del PIB en 2024. Mientras tanto, el FMI predice que los niveles de deuda seguirán aumentando.

• Esto ya está teniendo un impacto directo en servicios básicos como la educación o la salud. En al menos 21 países de ingreso bajo y medio, el gasto en educación pública como porcentaje del PIB disminuyó entre 2015 y 2017, mientras que el servicio de la deuda como porcentaje del PIB estaba aumentando. Del mismo modo, en los 39 países donde se dispone de datos, el gasto sanitario general per cápita del Estado disminuyó entre 2014 y 2016, mientras que el servicio de la deuda per cápita aumentó.

El impacto de las medidas de austeridad y, en particular, los recortes presupuestarios a los servicios públicos esenciales recaen más sobre las mujeres y las niñas. Son principalmente las mujeres las que soportarán la carga extra de las tareas de atención no remuneradas que los servicios públicos dejarán de prestar (o de la disminución tanto de la calidad como de la cobertura). Las mujeres se concentran más que los hombres en sectores de menores ingresos de la sociedad, por lo que las mujeres se ven más afectadas por los recortes en los programas de protección social y los subsidios alimentarios o energéticos, o, por ejemplo, por la eliminación de servicios vitales para las sobrevivientes de la violencia de género. Los topes salariales de los empleados públicos afectan directamente los ingresos de las mujeres y su seguridad económica, ya que el sector público tiende a ser una fuente importante de empleo para las mujeres.

Si queremos evitar otra “década perdida” para los derechos humanos y el desarrollo a medida que se desarrolla la nueva ola de crisis de deuda, es urgente que las IFI y los
gobiernos adopten un nuevo enfoque para la prevención y resolución de crisis de deuda soberana. Uno que ponga a las personas en primer lugar y proteja sus derechos por encima los beneficios de los acreedores.

Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y adoptar enfoques proactivos para incorporar los derechos humanos y la igualdad de género en la formulación de políticas públicas, incluso mediante la integración de evaluaciones de impacto de los derechos humanos sensibles al género en la planificación de políticas y la gestión de deudas. Además, será fundamental la adopción de un enfoque más amplio para evaluar la sostenibilidad de la deuda, que integre los derechos humanos, junto con otras consideraciones sociales, de género, ambientales y de desarrollo, que fortalezca la prevención de crisis de la deuda y amortigüe los impactos del sobreendeudamiento sobre las poblaciones.

Cuando la crisis golpea y la reestructuración de la deuda se hace inevitable, los retrasos aumentan el costo económico y social de las reestructuraciones y prolongan el período de tiempo durante el cual los problemas de la deuda soberana afectan negativamente a los servicios públicos. Por otro lado, una reestructuración de la deuda más pronta, integral y eficiente podría dar lugar a resultados más justos y sostenibles.

Eurodad, otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y críticos han puesto de relieve durante mucho tiempo la ausencia de un mecanismo multilateral de restructuración de la deuda soberana para proporcionar este enfoque sistemático para la resolución de crisis. Este informe ilustra que, a medida que las perspectivas de la deuda se deterioran en todo el mundo, deben renovarse los esfuerzos internacionales para desarrollar y acordar ese mecanismo. Entretanto, los acreedores y las IFI deberían trabajar para promover reestructuraciones más oportunas y eficaces y dejar de promover una ortodoxia que se base en políticas y condiciones de préstamos perjudiciales, centradas en la austeridad.

En el contexto de una nueva ola de deuda mundial, la erosión del gasto en servicios públicos, a través de recortes directos y basados en la austeridad, y el aumento de los pagos de la deuda ya está poniendo en peligro rutas viables para alcanzar la agenda de desarrollo 2030, la Plataforma de Acción de Beijing sobre igualdad de género y los objetivos climáticos de París.

La urgencia es clara. Ahora es el momento de promulgar las reformas necesarias para un sistema internacional de resolución de deuda soberana que indiscutiblemente está fuera de servicio.

Public services play a critical role in advancing human rights and fighting inequality. However, growing levels of external public debt, especially in the global south, threaten the very services on which citizens depend in order to have even a basic standard of living.

External debt levels are once again increasing and a new wave of debt crises is unfolding. The current trend of addressing debt sustainability problems through neoliberal austerity policies reduces, rather than increases, available economic resources. The resulting budget cuts and promotion of privatisation strategies, along with public-private partnerships (PPPs), ultimately endanger the capacity of public services to advance human rights and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), including women’s rights and gender equality.

This report takes a closer look at the impact of debt crises on public services and how in impoverished countries in particular there is a negative impact on people’s rights – particularly on the rights of women.  When existing gender inequalities, along with women’s practical and strategic needs and interests, are taken into consideration in public services design, they can help address the barriers women face in a range of sectors and situations. But when resources for public services are not available, achieving gender equality becomes extremely difficult.

Since 2011, general government gross debt to GDP ratios have increased across all regions in the global south.

This report outlines how:

• Between 2010 and 2018, external debt payments as a percentage of government revenue grew by 83 per cent in low- and middle-income countries, from an average of 6.71 per cent in 2010 to an average of 12.56 per cent in 2018.
• In Sub-Saharan Africa specifically, the proportion of government revenue destined for external debt service payments more than doubled, from 4.56 per cent in 2010 to 10.8 per cent in 2018. Such an increase threatens to undermine gains seen in the region following debt relief under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and Multilateral Debt Relief (MDRI) initiatives of the late 1990s and early 2000s.

Additionally, at least 20 governments in the global south spent more than 20 per cent of their revenue to service external debts in at least one of the last five years. In some cases, such as in Angola, Djibouti, Jamaica, Lebanon, Sri Lanka or Ukraine, more than 40 per cent of government revenue was destined for external public debt service at some point between 2014 and 2018. Worryingly, in most cases, this is due to an increase in debt payments, rather than a decrease in revenue, and IMF projections do not indicate a reversal of this trend in coming years.

Under international human rights law, states have a duty to promote social progress and better standards of living, including by allocating sufficient resources to public service provision. Yet, in a global context where a neoliberal approach dominates, austerity measures are being implemented in the name of fiscal discipline and non-debt related government spending has decreased significantly in recent years. As a result, fewer and fewer resources are being allocated to public services.

This report shows how:

• Between 2014-18 resources spent on public services dropped by more than 18 per cent in Latin America and the Caribbean and by 15 per cent in Sub-Saharan Africa. Looking ahead, the International Monetary Fund (IMF) predicts that this trend will continue in all regions.
• According to these projections, government spending in Sub-Saharan Africa will reach a historic low in 2024, at 20.74 per cent of GDP. In Latin America and the Caribbean spending is projected to fall from 33.74 per cent in 2014 to 29.85 per cent of GDP in 2024. In the Middle East and Central Asia from 32.96 per cent in 2014 to 29.82 per cent in 2024. Meanwhile the IMF predicts debt levels will continue to increase.
• This is already having a direct impact on basic services such as education or health. In at least 21 low- and middle-income countries, government education expenditure as a percentage of GDP decreased between 2015 and 2017, while debt service as a percentage of GDP was increasing. Similarly, in the 39 countries where data is available, the domestic general government health expenditure per capita decreased between 2014 and 2016, while debt service per capita increased.

The impact of austerity measures and, in particular, budget cuts to essential public services, falls more heavily on women and girls. It is mainly women who will carry the extra unpaid burden of the care tasks that public services will eventually stop providing (or as both quality and coverage decrease). Women are concentrated more heavily than men in lower-income sectors of society, thus women are more affected by cuts in social protection programmes and food or energy subsidies, or, for example, by the removal of vital services for survivors of gender violence. Public workers’ wage caps directly impact women’s income and economic security, as the public sector tends to be a major source of employment for women.

If we are to avoid yet another “lost decade” for human rights and development as the new wave of debt crises unfolds, there is an urgent need for IFIs and governments to adopt a new approach to sovereign debt crisis prevention and resolution. One that puts people first and protects their rights over creditors’ profits.

Governments must rise to their obligations under international law, and adopt proactive approaches to embedding human rights and gender equality in public policy-making, including through integrating gender-sensitive human rights impact assessments into policy planning and debt management. Moreover, adopting a more comprehensive approach to assessing debt sustainability, that encapsulates human rights, alongside other social, gender, environmental and development considerations, will be critical to strengthening debt crisis prevention and buffering populations from the impacts of over-indebtedness.

When crisis hits, and debt restructuring becomes unavoidable, delays increase the economic and social cost of restructurings and prolong the timespan during which sovereign debt problems impact negatively on public services. On the other hand, more timely, comprehensive, and efficient restructurings could lead to fairer and more sustainable outcomes.

Eurodad, other civil society organisations (CSOs), and critics have long highlighted the absence of a multilateral sovereign debt workout mechanism to provide this systematic approach to crisis resolution. This report illustrates that as the debt outlook deteriorates across the globe, international efforts to develop and agree upon such a mechanism must be renewed.  In the interim, creditors and IFIs should work to promote more timely and effective restructurings, and cease to promote an orthodoxy that relies on harmful austerity-focused policies and loan conditionalities.

Against the background of a new global debt wave, the erosion of public service expenditure through direct, austerity-driven cuts and rising debt payments is already jeopardising viable routes to achieving the 2030 development agenda, the Beijing Platform for Action on gender equality, and the Paris climate goals.

The urgency is clear. Now is the time to enact long needed reforms to an international sovereign debt resolution system that is arguably out of service.