Texto publicado en el Dossier “Otra economia está en marcha” de Economistas Sin Fronteras (3a edición, verano de 2016) base de la intervención en las jornadas con el mismo título:

Hablar de deuda es hablar de soberanía. De hecho es hablar de pérdida de soberanía. El crédito y el endeudamiento no tienen porque ser de por si mecanismos de desposesión, pero a lo largo de la historia se han utilizado como herramientas de dominación y de trasmisión de recursos desde las clases populares a las élites económicas y políticas.

Cuando el endeudamiento de un país llega a niveles “insostenibles”, los acreedores e instituciones financieras internacionales utilizan la necesidad de refinanciación del deudor para imponer políticas que responden a intereses muy particulares. Y no hablamos tan sólo de políticas económicas dirigidas, en teoría, a garantizar la capacidad de pago del deudor. Cómo muy bien sabemos en nuestro país, se usa la deuda como palanca para modificar constituciones, imponer desregulaciones laborales o justificar una mayor liberalización comercial. Todo ello en beneficio de acreedores y, en general, de una élite económica que hace su agosto comprando empresas privatizadas y otros bienes públicos a precio de coste, reduciendo los costes laborales gracias a reformas desreguladoras, u obteniendo recursos públicos a través de programas de rescate muy lejanos de los principios del libre mercado.

Los acreedores o sus representantes en forma de instituciones financieras internacionales, como el FMI, la Comisión Europea o el BCE, acaban imponiendo su ley, usurpando la capacidad de los pueblos de decidir que hacer ya no con su futuro, sino con su presente. Lo vimos en el verano de 2015, cuando el Eurogrupo ignoró tajantemente la voz del pueblo griego expresada en referéndum, rechazando el memorándum que imponía aún más condiciones al rescate financiero, a pesar de las amenazas de expulsión de la eurozona. Un rescate financiero que ha sido sin lugar a dudas un rescate a la banca europea. Lo dejaba claro el trabajo de auditoría realizado por la Comisión de la Verdad de la Deuda Pública Griega. Más del 90% de los créditos ofrecidos por los países europeos, la Comisión Europea y el FMI en forma de supuesto rescate a Grecia ante su monumental crisis de la deuda han ido a parar al sector financiero europeo. Es decir, a rescatar los bancos.

La deuda como mecanismo de desposesión económica y social

La deuda se convierte así en un mecanismo no sólo de desposesión de soberanía política, sino también económica. En el “Sistema Deuda” el acreedor siempre gana. Gana cuando es una apuesta segura y gana cuando hay riesgo, pues además de cobrar sustanciosos intereses, su apuesta está garantizada. Los rescates, en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda, pero también en América Latina, África y Asia durante las últimas cuatro décadas, han sido siempre diseñados para asegurar que el acreedor cobre.

En el capitalismo hiperfinanciarizado, dónde los mercados financieros mandan, las agencias de rating y los organismos financieros internacionales imponen, y los gobiernos obedecen, la deuda es un negocio muy fructífero. Ante cualquier duda sobre las políticas públicas que decida soberanamente un país endeudado, las agencias de rating responden al malestar de los mercados haciendo bajar la calificación de la deuda, subir la prima de riesgo y, en definitiva, incrementar la factura de la deuda por el mayor pago de intereses. Si el gobierno en cuestión es obediente y sigue al dedillo los intereses de dichos mercados, controlando déficits, privatizando, desregularizando, liberalizando y, sobretodo, asegurando el pago de la deuda, la presión se relaja y los intereses bajan. Ellos ganan siempre, sea a través del pago de elevados intereses, sea a través de la aplicación de políticas neoliberales.

Decíamos que en el sistema deuda el acreedor siempre gana, siempre cobra, lo prestado más los intereses. En nuestro país se han pagado entre 2007 y 2015 más de 640 mil millones de euros tan sólo en intereses. En 2016 pagaremos 33.490 millones de euros, sólo en intereses. El principal se paga con más deuda, es decir, se refinancia. Una espiral de deuda que no acaba nunca. Cada año se acumula más deuda para pagar deuda e intereses.

Una espiral que supone además una desposesión social brutal. El pago de la deuda se prioriza por delante de cualquier otra cuestión. Sea cual sea el estado de necesidad o la situación de empobrecimiento de las clases populares. El derecho de los acreedores a cobrar lo prestado y sus intereses pasa por encima de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, poniendo en cuestión el cumplimiento de los derechos más básicos como el derecho a la alimentación, la sanidad, la educación o una vivienda. De hecho, desde que estalló la crisis, el gasto en deuda pública en España ha aumentado un 122,8% (2007-2015), mientras que el gasto en pensiones lo ha hecho tan sólo un 43,9% y los fondos destinados a sanidad y educación han disminuido en torno al 8%.

Este esquema, en mayor o menor medida, se ha repetido no sólo en toda la periferia europea sino también en todos los países del Sur Global que han pasado por las manos del FMI a raíz de crisis de endeudamiento. La deuda se paga a costa de recortes que afectan a los derechos fundamentales siempre. La deuda la pagamos las clases populares con un menor acceso y calidad en los servicios e inversiones públicas, mientras que dichos recursos se transfieren sin problema y puntualmente a los acreedores.

Esta asimetría en la asignación de recursos se garantiza a través de una asimetría jurídica que se ha construido tras años de proteccionismo de los intereses de las élites económicas i financieras (sean bancos, inversores o empresas transnacionales). Acuerdos de inversión y una compleja tela de araña jurídica que protege el sector privado financiero y empresarial ante la voluntad popular de reclamar el cumplimiento de los derechos humanos.

Uno de los últimos casos ha sido el de la sentencia dictada por un tribunal de Nueva York a favor de fondos buitre ante el acuerdo de Argentina en 2005 con la mayoría de sus acreedores comerciales para conseguir una quita de la deuda. Cuando Argentina decidió entrar en suspensión de pagos en 2001 y, a partir de la posición de fuerza que le confería el no pago, empezar a negociar con los acreedores, una serie de fondos altamente especulativos se dedicaron a acumular títulos de deuda argentina y no aceptaron el acuerdo que permitió al país sudamericano recuperar la senda del crecimiento económico. Años más tarde han utilizado ese sistema de asimetría jurídica para reclamar la totalidad de la deuda, poniendo al país ante un nuevo abismo de endeudamiento. Una operación que fondos buitre han realizado antes en otros países como Zambia o Liberia. En Naciones Unidas un total de 130 países han llamado a regular y limitar la acción de los fondos buitre. No es de extrañar que los países que con mayor vehemencia defienden los derechos de los acreedores hayan votado en contra de dicha resolución.

La deudocracia tiene dimensión sistémica y global

La deificación del sistema deuda nos ha llevado a hablar también de deudocracia. Una dictadura de los mercados financieros en la que, cómo hemos visto, el pago de la deuda pasa por encima de otros derechos fundamentales de las personas y los pueblos. Una dictadura que no es exclusiva de la periferia europea.

Cuando analizamos los mecanismos que caracterizan este sistema deudocrático en nuestro entorno vemos hasta que punto nuestra crisis es similar a la que sufrieron los países latinoamericanos desde los años 80 y que se reprodujo en África y Asia durante las décadas posteriores. Una crisis de la deuda que en muchos de estos países empobrecidos dura aún hasta hoy. Las características concretas de cómo se desarrolla la crisis de la deuda puede variar de España a Mozambique, países con estructuras económicas muy diferenciadas, pero las estructuras fundamentales son las mismas.

El crecimiento económico se ve acelerado por un mayor acceso al crédito y por tanto se da una acumulación de deuda, una deuda que no preocupa pues se puede hacer frente a su pago sin problemas. Pero cuando por algún factor se pone el freno al ritmo de crecimiento económico, la deuda se vuelve insostenible. Sea el estallido de la burbuja inmobiliaria o el descenso de los precios de las materias primeras, cuando la deuda pasa a crecer más que la economía, se produce la crisis de sobreendeudamiento. Cuando dicha crisis se produce en el sector privado se da un proceso de “rescate” por parte del Estado, socializando las deudas donde antes se privatizaban beneficios.

Los organismos financieros internacionales entraran entonces en escena recomendando planes de ajuste que desde hace décadas han demostrado ser muy beneficiosos para quién se puede aprovechar de privatizaciones y desregulaciones, pero desastrosos para los derechos sociales y ambientales. La presión de los programas de ajuste recae así sobre las clases populares, que sufren procesos de empobrecimiento masivos. El resultado es una mayor desigualdad y un achicamiento del Estado como garante del bienestar y los derechos de la mayoría.

Las medidas de ajuste incluidas en los planes de ajuste estructural que en los 80 y 90 del siglo pasado condenaron al empobrecimiento a millones de personas en América Latina, África y Asia, siguen siendo hoy día aplicadas en más de medio mundo. El estudio “La era de la Austeridad” publicado en 2014, concluía que entre 2010 y 2012 se aplicaron medidas de “austeridad” en más de 100 países. “Contrariamente a la percepción de la opinión pública, las medidas de austeridad no están limitadas a Europa; de hecho muchas de las principales medidas de ajuste se producen prioritariamente en países en desarrollo” (Ortiz, I., Cummins, M., 2013).

A pesar del reinado de las recetas de ajuste y austeridad, hoy en día un centenar de países están en situación o riesgo de crisis de deuda en todo el mundo. La deuda pública ha seguido creciendo en aquellos países que sufrieron crisis de deuda en los 80 y 90. Muchos de ellos han disfrutado de algunos años de crecimiento, en buena medida por el incremento del precio de materias primeras y el creciente consumo de las mismas desde China y el resto de países emergentes. Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sud-Africa) han tirado del carro del crecimiento en muchos países Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos, que hoy se encuentran mucho más endeudados que hace 10 años y ante un panorama complicado por el descenso de los precios de materias primeras y la ralentización del crecimiento sobretodo en China.

Según el informe “La nueva trampa de la deuda” la deuda global – que incluye tanto la deuda pública como privada neta de todos los países – ha crecido de 11,3 billones de dólares en 2011 a 14,7 billones en 2014. La mayor parte de este crecimiento se ha dado en los países centrales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia o India), pero también en los países empobrecidos como Etiopía, Ghana, Bután, Laos, Mongolia, Mozambique, Senegal, Tanzania o Uganda. De hecho el crédito hacia los países de renta baja se ha triplicado entre 2008 y 2014. El informe identifica, basándose en cifras del FMI, a 22 países en todo el mundo ya en situación de crisis de deuda, y hasta 71 países que tienen riesgo de caer en crisis de deuda pública y/o privada (Jones, 2015). La posibilidad de estallido de una nueva crisis de la deuda que afecte, no sólo a la periferia europea, sino también a países emergentes como Brasil, y sobretodo a un gran número de países empobrecidos, es cada día más real.

Ante la deudocracia, respuestas globales y sistémicas

Si llegamos a la conclusión que el problema de la deudocracia es global y sistémico, las estrategias para abordarlo deberían ser también globales y sistémicas. Para ello es imprescindible que miremos atrás y alrededor, y aprendamos de la experiencia de todos los países que han pasado y siguen pasando por crisis de deuda. Nos puede parecer que la situación de Grecia o Uganda no sea comparable con la de España, pero sin duda podemos sacar aprendizajes útiles, de los éxitos y de los fracasos, de las estrategias de movilización y de los impactos de las medidas de austeridad. Sólo analizando globalmente el problema y las diferentes respuestas que se ha dado al mismo, con una gran diversidad de resultados, podremos construir nuevas y mejores respuestas. Para ello es imprescindible reconstruir las redes internacionales (europeas y globales) que nos permitan luchar solidaria e internacionalmente contra la deudocracia y el austericidio.

Situar la deuda una vez en el centro de la agenda es hoy imprescindible, no para gestionar el problema sino para abordarlo de forma sistémica. No para caer de nuevo en lo posible (la reestructuración, las quitas parciales, el volver a poner el contador a cero para volver a endeudarse), sino para plantear una impugnación total al sistema deuda. Reclamar el derecho soberano de los pueblos a decidir, no tan sólo si deben hacer frente al pago de una deuda determinada, sino también si quieren basar la financiación de los servicios públicos en el acceso a mercados financieros altamente especulativos y, en definitiva, si quieren hipotecar el futuro profundizando en la deudocracia.

Los movimientos sociales en el Sur Global nos enseñaron ya hace años que las deudas no siempre deben pagarse. Que más allá de la cuestión de volver a situar los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales por encima del derecho a cobrar un crédito, existen deudas ilegítimas e incluso ilegales que no se deben pagar por una cuestión de justicia. Si no queremos perpetuar un sistema en el que las élites llevan a países enteros a endeudamientos insostenibles a base de especulación, fraude o corrupción, debemos romper con el pago de éstas deudas.

Sabemos que la forma cómo se afronte un impago determinará quienes serán los que asumirán los costes de dicho impago. Generalmente acaban siendo las clases populares las que asumen ese coste. Pero con un cambio en la relación de fuerzas pueden ser las élites económicas y financieras las que corran con el coste de una deuda que se ha generado por responder a sus intereses.

Existe un claro tabú ante el impago de la deuda. No es posible no pagar, pues se cerrará el acceso a mercados y se abrirán las puertas del infierno. Pero ante la imposibilidad del impago debemos plantear la imposibilidad de seguir pagando, de seguir empobreciendo a la población, de seguir aumentando las desigualdades, de seguir profundizando la deudocracia. Cómo dijo Thomas Sankara “si dejamos de pagar nuestros acreedores no morirán; pero si seguimos pagando seremos nosotras las que moriremos seguro”.

Ciertamente, el impago es una opción compleja, de ruptura con el sistema, que requiere de otras políticas económicas para poder tener lugar (control de capitales, un nuevo sistema bancario y monetario, un sistema fiscal realmente progresivo y de redistribución de la renta, y sobretodo un nuevo modelo productivo y de consumo). El impago es condición necesaria pero no suficiente para la impugnación al sistema. Pero el impago es absolutamente necesario para recuperar las soberanías, la financiera, pero también la soberanía política, alimentaria, energética o habitacional.

Auditorias ciudadanas para recuperar la soberanía

Ante el monumental reto que se plantea (nada más y nada menos que impugnar el sistema capitalista), ¿qué pueden hacer unas simples auditorías ciudadanas? Ciertamente la auditoría se plantea no cómo “la solución” sino como una herramienta que nos puede ayudar a construir respuestas y soluciones.

En primer lugar la auditoría ciudadana es una herramienta que nos puede permitir conseguir mayores niveles de transparencia, avanzar en el derecho a la información. Tenemos derecho a saber qué hay en la cuenta de la deuda antes de pagar. Pero además nos permitirá socializar esa información, ese conocimiento, a través de estrategias de educación popular. La economía y la deuda son demasiado importantes como para confiar en que personajes como Montoro, Draghi, Lagarde o Merkel se ocupen de ellas. La auditoría ciudadana nos ha de permitir poner en marcha procesos de control popular sobre la gestión pública y los procesos de endeudamiento. El factor educativo de la auditoría nos puede permitir también evidenciar las ilegitimidades entorno al sistema de deudocracia, reindignar a la ciudadanía, para movilizarnos e influir así en el necesario cambio en la relación de fuerzas.

La auditoría ciudadana finalmente nos puede permitir conocer para proponer. Sólo si conocemos bien los mecanismos del sistema los podremos cambiar, la auditoria ciudadana permite analizar, desde la ciudadanía, el sistema deuda, pero también otros mecanismos de la gestión pública. Conociendo las problemáticas e irregularidades que se han dado y que han derivado en endeudamientos ilegítimos podremos proponer modelos de gestión y finanzas públicas alternativas. Las auditorías deben permitirnos plantear nuevas normativizaciones para que no volvamos a caer en procesos de endeudamiento insostenibles, pero también para facilitar la construcción de modelos políticos, económicos, sociales y culturales alternativos, y recuperar así la soberanía perdida.

BIBLIOGRAFIA

Fresnillo, I. (2013) La deudocracia como amenaza global. Observatorio de la Deuda en la Globalización. Diciembre 2013. http://auditoriaciudadana.net/2014/02/25/informe-la-deudocracia-como-amenaza-global/

Jones, T. (2012) The state of debt. Putting an end to 30 years of crisis. Jubilee Debt Campaign. Mayo 2012.   http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/ REPORT373A3720The3720State3720of3720Debt+7628.twl

Jones, T (2015) The new debt trap. Jubilee Debt Campaign. Julio 2015 http://jubileedebt.org.uk/reports-briefings/report/the-new-debt-trap

Medialdea, B., Álvarez, I., Fresnillo, I., Laborda, J. y Ugarteche, O. (2013) Qué hacemos con la deuda, Akal, Madrid. Septiembre 2013

Ortiz, I., Cummins, M., (2013) The Age of Austerity A Review of Public Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries. Initiative for Policy Dialogue and the South Centre Working Paper , Marzo 2013 http://policydialogue.org/publications/working_papers/age_of_austerity/

VVAA (2013) La trampa de la Austeridad. IntermonOxfam, Septiembre 2013 http://www.oxfamintermon.org/ca/documentos/12/09/13/trampa-de-l-austeritat