Presupuestos 2013: Todo lo que esconde la Deudocracia

10 de octubre de 2012. Publicado en La Directa, Número 289

El rescate también se presupuesta: cerca de 40.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda en los nuevos presupuestos generales. ¿Qué más esconden los presupuestos de 2013?

Los presupuestos de la deuda

El pasado jueves 27 de septiembre se presentaban los Presupuestos Generales del Estado, unos presupuestos claramente anti-sociales. De estos destaca, por encima de otras partidas, la destinada al pago de los intereses de la deuda. 39.722 millones de euros se destinarán a esta partida, marcando un record de dimensiones históricas. Esta partida es de las pocas que se incrementa, en 9.742 millones de euros, cerca de un 34% respeto al 2012. Un incremento que se contrapone con la congelación del sueldo de funcionarios, de la reducción de un 6,3% del presupuesto por prestación de paro (aunque se prevé un aumento del número de desempleadas), de sanidad en un 22,6%, de cultura en un 19,6% o de educación en un 17,4%. El pago de la deuda menoscaba claramente el gasto social.

Cumplir con la deuda no se limita a pagar los intereses, puesto que se ha de amortizar también parte o la totalidad del capital prestado en un inicio. En el caso de las finanzas públicas, el regreso del capital de la deuda pública (o amortización de la deuda) queda a menudo escondido bajo el proceso de ‘refinanciamiento de la deuda’. Las amortizaciones de deuda del Estado para 2013 serán de 159.153 millones de euros (un 3,8% más que al 2012). Estas amortizaciones, no constan como gasto, porque en realidad se cubren con nuevas emisiones de deuda. Es decir, nueva deuda por tapar la vieja deuda. Esta nueva deuda se deberá pagar probablemente a un coste superior (intereses más elevados) que la deuda anterior, por la exigua confianza de los mercados en la economía española. Si sumamos intereses y amortización de capital, los recursos públicos que se destinarán al retorno de la deuda son 198.895 millones de euros, más que lo destinado a pensiones y prestaciones de paro conjuntamente. Entramos de esta forma en un espiral de endeudamiento sin fin.

La deuda hipoteca las finanzas públicas

El total de la deuda pública española que tienen las administraciones central, autonómicas y municipales, es de 804.388 millones de euros, y equivale al 75,9% del PIB español (septiembre de 2012). Según los datos hechos públicas por el Banco de España, el principal aumento en la deuda pública se ha dado en la deuda de la administración central (617.504 millones de euros), mientras que la deuda de las administraciones autonómicas también ha crecido pero en menor medida (150.578). El resto (36.306 millones de euros) corresponde a la deuda municipal y de otras administraciones locales y provinciales.

La nueva previsión presentada por el Gobierno español indica sin embargo que al cierre del ejercicio de 2012 la deuda pública se situará al 85,3% del PIB, y aumentará hasta el 90,5% del PIB en 2013. Esta creciente deuda pública, con el incremento de los intereses a pagar año tras año, supone una hipoteca para las finanzas públicas, puesto que su pago tiene prioridad por encima de otras obligaciones del Estado.

En efecto, recordamos que la reforma de la Constitución española realizada en agosto de 2011 incluyó en el nuevo articulado la prioridad de hacer frente al pago de la deuda por encima de otros gastos y la prohibición de cualquier intento de negociación o repudio de la deuda. De este modo, para cumplir con la Constitución, la prioridad de los sucesivos gobiernos españoles y autonómicos no serán las pensiones, ni la educación, ni la sanidad, ni otros derechos sociales, sino el pago de la deuda.

Aun cuando la cifra de endeudamiento público es todavía inferior a la media europea, la preocupación alrededor de la misma se debe de una parte a la rapidez de su incremento, y por la otra en la carencia de confianza en que las administraciones públicas españolas tengan capacidad de hacer frente a su pago.

Contrariamente a lo que parece que nos quieran hacer creer gobernantes y algunos medios de comunicación, la deuda pública no es el origen de esta crisis, sino su consecuencia.

Historia de un incremento de la deuda anunciada

El año 2007, al inicio de la crisis, la deuda pública era del 35,5 % del PIB, y tras cerca de 5 años de crisis, recortes y rescates bancarios, la deuda pública se situará pronto por encima del 90% del PIB. Detrás de este incremento encontramos, entre otros, los recursos transferidos al sector financiero. Desde 2008 se ha dado unos 175.000 millones a los bancos en avales y ayudas directas.

A estos se ha de añadir el rescate bancario aprobado en junio de 2012. La Unión Europea dio luz verde a una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalitzar la banca española. Las condiciones “muy favorables” de las que hablaba el gobierno están detalladas en el Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding o MoU), donde se fijan las condiciones para recibir el crédito. El MoU, negociado entre el Gobierno español y el Eurogrupo, y que no ha pasado ni por el Parlamento español, establece entre otros la condición de reformar el sistema financiero, que se plasmó en la ley aprobada por el Gobierno el pasado 13 de septiembre y en la creación del Banco Malo. Un nuevo ejemplo de la socialización de pérdidas bancarias con dinero público.

En el MoU se establece también claramente que es el Estado español quien avala los créditos que irán a parar a la banca. Así, el Estado se debe hacer cargo del pago de los intereses, como del regreso del capital en caso de que los bancos rescatados no vuelvan el dinero recibido, de forma que seremos todos y todas, a través de nuevos recortes y más endeudamiento, quienes nuevamente pagaremos por las irresponsabilidades de la Banca. Y este vez la factura puede llegar a los 100.000 millones de euros.

El primer tramo de este rescate bancario se hizo efectivo el pasado 3 de diciembre por valor de 39.500 millones de euros, de los cuales 37.000 millones se destinaran a recapitalizar las entidades financieras nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia). Los otros 2.500 millones van al “banco malo”, SAREB, al que los bancos transferiran los activos inmobiliarios incobrables.

Un rescate bancario que pagamos entre todas

Se dibuja un escenario en el que las finanzas públicas habrán de hacer frente en el futuro a un agujero de déficit y deuda todavía mayor. Resulta previsible que el rescate bancario acabe siendo cubierto total o parcialmente por el Estado, ante la evidente quiebra del sistema financiero español. Será pues la ciudadanía quien, sufriendo los recortes en el gasto social y la nueva fiscalidad – como el aumento del IVA-, acabará pagando los platos rotos de la banca. Hay que tener en cuenta que todo ello, recortes y aumento del IVA, acaba cayendo en el saco roto del pago de la deuda. Así, en 2013, se prevé que tan sólo los intereses de la deuda se comerán los ingresos millonarios derivados del incremento del IVA.

Hay, sin embargo, quien no asume de forma proporcional el coste del rescate bancario. En el Estado español los ingresos fiscales corresponden a un 32,9% del PIB, cuando la media europea está alrededor del 40 % y países como Francia tienen unos ingresos fiscales del 44,5% del PIB. Las grandes empresas tributan al Estado español por término medio un 17%, y no un 30% como está establecido. A esta realidad le debemos sumar el fraude fiscal, alrededor de los 89 mil millones de euros anuales (entre 2010 y 2013 suponen 267.000 millones de euros). Sin voluntad política de grabar a aquellos que más tienen, la salida que tiene el Gobierno español por hacer frente al déficit es una fuga hacia adelante con más endeudamiento.

¿Quien se beneficia?

La deuda española es un mal negocio para las ciudadanas que pagamos los platos rotos de la crisis. Pero puede llegar a ser un buen negocio para inversores. Con unos intereses de entre el 5 y el 6% (aun cuando se han llegado a cotizar al 7%), los bonos de deuda española resultan un negocio de riesgo, pero muy jugoso. El principal inversor en deuda pública español es la banca española. Cerca de 200.000 millones de la deuda pública española está en manos de la banca española. No deja de ser paradójico que sea la misma banca que pide rescates y recibe préstamos del BCE en cantidades de record (a un 1% de interés), la que compre la deuda española que se emite para cubrir el agujero que genera el rescate bancario.

En el segundo lugar se sitúan los inversores extranjeros, con 191.836 millones de euros de deuda pública español en sus manos (de los 281.439 millones que tenían en 2011). Pero también resulta paradójico que el tercer inversor en deuda española sean las propias administraciones públicas españolas, como la Seguridad Social, que acumulan 74.256 millones de euros de deuda española.

Si consideramos no sólo la deuda pública sino la totalidad de la deuda, y en especial la deuda bancaria, veremos como el rescate de los bancos es en realidad un rescate a la banca alemana y francesa. Entre ambos acumulan unos 197.560 millones de euros de deuda española (principalmente deuda de bancos y empresas). Así que cuando Merkel y Hollande insisten en reclamar a Rajoy que ejecute el rescate bancario, quizás que estén pensando en proteger su propio sistema financiero.

En el bando de quienes ganan con la deuda debemos considerar también aquellas grandes empresas que se están beneficiando de los recortes y reformas estructurales. Mutuas y aseguradoras que esperan hacerse con el negocio de la sanidad; empresas que comprarán con una buena rebaja otras empresas públicas en proceso de privatización; empresarios que aplican las medidas de la reforma laboral para abaratar costes y aumentar beneficios; banqueros al frente de grandes bancos como el BBVA, el Santander o La Caixa, que aprovechan la reforma financiera para quedarse con bancos y cajas en quiebra rescatados con dinero público y a precio de saldo. Todos ellos salen ganando del negocio de los recortes.

¿Cuánto “necesitan” los bancos?

Según la auditoría de Oliver Wyman, encargada por el Gobierno español y presentada hace dos semanas, los bancos tienen “necesidad” de recibir unos 53.000 millones de euros para recapitalizarse (en el escenario más adverso dentro de los descritos en el análisis). Hace falta decir, sin embargo, que pocos días tras hacerse pública la cifra, la agencia de calificación Moody’s afirmaba que las necesidades de la banca española en el caso más adverso subirían a unos 105.000 millones de euros. El bloque de finanzas español Gurusblog ha denunciado varios errores y “trampas” en el análisis de Oliver Wyman, estimando que las necesidades superan los 80.000 millones de euros. Y de hecho, los activos tóxicos (créditos e inversiones difíciles de recuperar) de la banca española suman 184.000 millones de euros.

Oliver Wyman se ha embolsado por cierto 2 millones de euros por el “trabajo de experto” realizada, y eso que no disfruta de precedentes demasiados exitosos. En 2006 Oliver Wyman calificó el Anglo Irish Bank como “la mejor banca del mundo”. Tres años más tarde este reveló pérdidas por valor de 17.600 millones de euros y hubo de ser rescatado por el Estado irlandés. También parece ser que Oliver Wyman está detrás de la decisión de Citigroup de invertir en hipotecas “subprime” en los Estados Unidos. El resultado de esta operación arrastró a la quiebra al primer banco norteamericano, que recibió 2,5 billones de dólares de la FED.

El rescate de España

La retirada de los inversores extranjeros del negocio de la deuda española y el incremento del tipo de interés que debe pagar España por endeudarse (a través del dictamen implacable de las agencias de calificación y de la prima de riesgo), son indicios claros de la poca confianza que se tiene desde el gran capital de la capacidad de la economía española de devolver sus deudas. Si bien la deuda pública se situará a finales de año al 85,5% del PIB, la deuda total, la que incluye la deuda de las administraciones pero también la de las empresas, bancos y familias, es equivalente al 400% del PIB. Más de 4 billones de euros debe la economía española, la mayoría internamente y una parte al exterior (la deuda externa español es de 1,79 billones de euros, un 169% del PIB).

Y del total de esta deuda la parte principal no recae en el sector público, como pueda parecer (a raíz de las tensiones y condiciones que se imponen a este), sino en el privado. La deuda pública española supone tan sólo un 18% del total de la deuda. Entre las empresas no financieras (29%) y los bancos (33%) acumulan el 62% de la deuda de la economía española, mientras las familias sostienen tan sólo un 20% del total. Por tanto España tiene sobre todo un problema de deuda privada.

Cuando se habla del rescate inminente que debe pedir el Gobierno Rajoy y que supondrá la compra de deuda pública por parte del BCE, se habla tan sólo de hacer frente a la dificultad de la administración pública de financiarse en los mercados. A cambio de condiciones todavía más estrictas, es decir, más recortes y reformas estructurales, el BCE se ofrece a comprar deuda pública español de forma directa, de forma que la espiral del endeudamiento pueda continuar, sin caer en la suspensión de pagos.

Es decir, tenemos un rescate bancario ya en marcha y un rescate que parece inminente dirigido a aliviar las tensiones de la deuda pública. Pero, y ¿quién salva realmente la economía española? ¿Quién salva a las familias?

¿Una deuda legítima?

Socializar las pérdidas. Privatizar los beneficios. Antes los bancos que las personas, antes el gasto militar y las infraestructuras faraónicas que la protección social. Nos preguntamos si es legítimo que se honren las deudas por delante del cumplimiento con los deberes que el Estado tiene con sus ciudadanas. No es racionalmente justo que un Estado descuide el bienestar, e incluso la supervivencia, de su población, en favor de los intereses de una minoría de acreedores. Pero la deuda no sólo es injusta porque a través de la priorización de su pago se atenta contra los derechos de la población, sino porque se ha acumulado a través de mecanismos injustos.

Si consideramos que una deuda es ilegítima cuando compromete la dignidad de los pueblos, amenaza la coexistencia pacífica de los ciudadanos, viola los derechos humanos y civiles o ignora los principios del derecho internacional, no nos resultará difícil de identificar las deudas adquiridas por el rescate de la banca como tal. Como también resulta evidente que las deudas adquiridas para mantener el gasto militar o construir infraestructuras faraònicas e inútiles, son ilegítimas.

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, “No Debemos!, No Pagamos!”, entendemos que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos, están utilizando para tirar adelante con la sangrante política de austeridad. Por esto exigimos el derecho a saber y, en última instancia, a decir NO al pago de la deuda, de reclamar, como hizo Thomas Sankara al 1987, el derecho de los pueblos a repudiar una deuda que consideren ilegítima.

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